Los demandantes acusan al (Sernageomin) de no haber inspeccionado las condiciones de seguridad en la mina San José.

"Aquí lo que queremos es que se nos reconozca lo que pasamos en el fondo de la mina", declaró el minero Luis Urzúa al confirmar la presentación judicial, que pide una indemnización de más de medio millón de dólares para cada uno de los 31 trabajadores que se sumaron a la demanda.

El abogado que representa a los mineros, Edgardo Reinoso, presentó la querella a través de una procuradora en un juzgado de Santiago, en la que exige al Estado chileno una indemnización de 540 mil dólares para cada uno de los 31 trabajadores, lo que suma un total de más de 15,5 millones de dólares, según una fuente judicial.

Según el minero Claudio Yáñez, el yacimiento ya había sido clausurado anteriormente y registraba numerosos accidentes. "Todos saben que en 2005 y en 2007 hubo dos muertes en esta mina y desde entonces ya fue peligrosa, siempre ha sido peligrosa esa mina", declaró al canal CNN Chile.
Paralelamente, 14 de los 33 mineros pidieron al gobierno recibir pensiones anticipadas, debido a las secuelas físicas y psicológicas que les dejó el accidente, y se espera que el presidente Sebastián Piñera decida si se las concede o no antes del fin del mes de julio.
En la actualidad, la mina San José permanece cerrada a la espera de que sus dueños salden las deudas contraídas tras el rescate, que se concretó 69 días después del derrumbe, el 13 de octubre de 2010, en una espectacular operación que costó al Estado chileno unos 20 millones de dólares.
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