"PÁ LA CHIROLA"
04:45 PM – 7 Jun, SANTO DOMINGO, RD *-. El juez de la Instrucción de la Suprema Corte de Justicia
(SCJ), Francisco Ortega, dispuso este miércoles prisión de un año para Ángel
Rondón y nueve meses para Víctor Díaz Rúa, y el abogado Conrado Pittaluga por
los presuntos sobornos y otros ilícitos vinculados al caso Odebrecht. El empresario Rondón, quien ha sido señalado por el
Ministerio Público como el hombre la persona que entregaba los sobornos (hombre
del maletín), deberá cumplir la medida en la cárcel La Victoria y Díaz Rúa y
Pittaluga en Najayo Hombres.
De seis meses para el ministro de Industria y Comercio, Juan
Temístocles Montás; Andrés Bautista, presidente del PRM y ex presidente del
Senado y el ex diputado Ruddy González. Los tres deberán cumplir la coerción en
Najayo Hombres.
Igualmente, para César Sánchez, ex vicepresidente ejecutivo
de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y a
Máximo D Oleo, tres meses en la misma prisión.
Para Radhamés Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y Roberto
Rodríguez, ex director del Instituto Dominicano de Aguas Potables (Inapa) le
impuso nueve meses de arresto domiciliario.
En tanto que impuso el pago de una fianza de cinco millones
de pesos como garantía económica e impedimento de salida contra los senadores
Tommy Galán -San Cristóbal- y Julio César Valentín -Santiago, y el diputado
-DN- Alfredo Pacheco, quien fue presidente de la Cámara de Diputados. Estos
imputados tienen inmunidad parlamentaria por su condición de congresistas.
Otra de las disposiciones del magistrado Ortega fue la
ratificación del desglose del imputado Bernando Castellanos, quien está fuera
del país y contra quien se pidió una orden de captura internacional.
Declaró también el proceso libre de costos por tratarse de
una fase preparatoria y rechazó todas las excepciones de incidentes "por
improcedentes, mal fundadas, y carentes de base legal".
Acusación del
Ministerio Público
En la solicitud de medida de coerción que el Ministerio
Público entregó ante el Juez de la Instrucción Especial, Francisco Antonio
Ortega Polanco, se hace énfasis en el notable incremento patrimonial de los 14
acusados, pero no se especifica cuánto habrían recibido de la empresa
Odebrecht, por concepto de sobornos.
En la instancia de 336 páginas, refrendada por el procurador
General de las República, Jean Alain Rodríguez, se dedican por lo menos 143
páginas a detallar cómo cada uno de los imputados adquirió propiedades e
incrementó sus bienes, durante los lapsos en los cuales se desempeñaron como
funcionarios públicos.
Sin embargo, en ningún lugar aparece con exactitud cuánto
recibieron de Odebrecht o si de verdad fueron sobornados a manos del “Hombre
del Maletín”. En el capítulo dedicado al enriquecimiento ilícito, falsedad y
lavado, sólo se reitera la frase: “el imputado tuvo un crecimiento económico
insostenible con relación al salario que devengaba” y “es una evidencia del enriquecimiento
ilícito”.
La investigación, que lleva aproximadamente seis meses y que
contempló el interrogatorio de 35 personas, el allanamiento a la sede de
Odebrecht en el país y la firma de un acuerdo entre la empresa y el Estado
dominicano, indica que Ángel Rondón habría recibido al menos 101 depósitos
desde el año 2007, de parte de la constructora a través de sus cuentas en el
extranjero.
En el 2014 recibió
más dinero
Los años donde mayor cantidad de dinero recibió fueron 2012,
2013 y 2014. Sólo en éste último, le habrían depositado más de 37 millones de
dólares. El año donde recibió menos cantidad de dinero fue el 2007,
registrándose en su cuenta cuatro depósitos por un total de US$1,214,848. Las
empresas a las cuales se transfería el dinero eran Conamsa, Internacional y
Lashan Corp, a través de cuentas en el Meinl Bank Antigua.
En su escrito, el MP explica que de acuerdo a las
declaraciones ofrecidas por los ejecutivos de la empresa Marco Antonio
Vasconcelos Cruz y Luis Eduardo Da Rocha, el dinero de Odebrecht era entregado
a Ángel Rondón Rijo y éste a su vez lo distribuía entre los funcionarios
dominicanos para influir en la adjudicación de obras y aprobación de préstamos.
De los funcionarios imputados, el que más habría
incrementado su patrimonio, según se detalla en la solicitud, es el exministro
de Obras Públicas y Comunicaciones, Víctor Díaz Rúa.
Delitos que se les
imputan
Los 14 implicados son acusados de asociación de malhechores
y de formar parte de una estructura dedicada al soborno y al lavado de activos;
sin embargo, en el caso del empresario Ángel Rondón Rijo, éste es señalado de
haber sobornado a funcionarios y legisladores y de adquirir fondos producto de
esta actividad para su enriquecimiento. También es acusado de lavado de
activos.
Mientras que Juan Roberto Rodríguez, César Domínguez Sánchez
Torres, Bernardo Antonio Castellanos de Moya, Máximo Leonidas De Óleo Ramírez,
Ramón Radhamés Segura, Porfirio Andrés Bautista García, Alfredo Pacheco Osoria,
Tommy Galán, Juan Temístocles Montás, Víctor José Díaz Rúa, Conrado Enrique
Pitttaluga, Julio César Valentín Jiminián y Ruddy González son imputados de
aceptar soborno, coalición de funcionarios, falsedad, prevaricación, desfalco,
concusión, lavado de activos y de mentir en su declaración jurada de
patrimonio.
A Roberto Rodríguez, en su condición de director Ejecutivo
del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados en el período
2002-2004, se acusa de aceptar sumas de dinero en soborno por parte de Ángel
Rondón para la contratación y ejecución de las adendas I y II de la
Construcción del Acueducto de la Línea Noroeste y de asociarse para violentar
las leyes con los coimputados Porfirio Andrés Bautista García y Alfredo Pacheco
Osoria.
Como administrador General de la Corporación Dominicana de
Electricidad (CDE) del 2000 al 2004, César Sánchez habría recibido sobornos
junto al director técnico de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
(EGEHID), Bernardo Antonio Castellanos de Moya, y el administrador de la
EGEHID, Máximo Leonidas De Óleo Ramírez, para la contratación de la
Hidroeléctrica Pinalito.
Ramón Radhamés Segura, en su calidad de vicepresidente
Ejecutivo de la CDEEE de 2004 a 2009, es señalado de recibir sobornos para la
contratación y ejecución de la Hidroeléctrica Pinalito y la contratación de la
Hidroeléctrica Palomino, de desviar fondos para la Secretaría de Obras Públicas
y de asociarse con Víctor Díaz Rúa para violentar las leyes.
Porfirio Andrés Bautista García, en su condición de
presidente del Senado entre los años 2001 y 2006, es imputado de recibir
sobornos para la aprobación del financiamiento del Acueducto de la Línea
Noroeste, incluida su ampliación, y la Hidroeléctrica de Pinalito.
Alfredo Pacheco Osoria, presidente de la Cámara de
Diputados, del 2003 al 2006, habría aceptado sobornos para la aprobación del
financiamiento de la ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste y las
hidroeléctricas de Pinalito y Palomino.
Tommy Galán, en calidad de presidente de la Comisión de
Hacienda del Senado, es señalado de recibir soborno para viabilizar la
aprobación del financiamiento para el Acueducto de Samaná, Autopista del Coral,
Corredor Duarte, Carretera Casabito, Carretera Río Jarabacoa y el Corredor
Duarte II.
Juan Temístocles Montás, en calidad de Secretario Técnico de
la Presidencia y ministro de Economía de 2004 a 2016, habría aceptado soborno
para viabilizar el financiamiento de la Hidroeléctrica Palomino, Acueducto de
Samaná, Autopista del Coral, Corredor Duarte I, Carretera Casabito, Carretera
Río Jarabacoa y Corredor Duarte II.
Víctor Díaz Rúa figura en el expediente en calidad de
director del Inapa y ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, por
presuntamente haber recibido soborno para la contratación y ejecución del
cierre del Acueducto de la Línea Noroeste, Ampliación de la Línea Noroeste,
Acueducto de Samaná, Autopista del Coral, Corredor Duarte I, Carretera Casabito,
Carretera Río Jarabacoa, Corredor Duarte II y de asociarse con Ramón Radhamés
Segura para violentar la Ley Sobre Compras y Contrataciones.
Conrado Enrique Pittaluga es acusado se asociarse con Víctor
Díaz Rúa y de recibir soborno para la construcción de la Autopista de Coral.
Finalmente, Julio César Valentín, en calidad de presidente
de la Cámara de Diputados y senador y Ruddy González, en calidad de diputado y
miembro de la Comisión de Hacienda, son imputados de recibir soborno, pero no
se especifica para qué.
Peligro de fuga
El MP había solicitado para los imputados, prisión
preventiva de 18 meses y la declaratoria de complejidad del caso. En cuanto a
la declaratoria de complejidad, resalta que por la pluralidad de los hechos (al
menos ocho delitos), la pluralidad de los imputados, la pluralidad de los
elementos probatorios y la acciones ilícitas que investigan, las cuales
estarían asociadas a estructuras criminales de naturaleza grave, se hace
necesario un mayor lapso para fortalecer la investigación.
Además, fundamenta su solicitud de prisión preventiva en el
hecho de que, tal y como lo establece el artículo 227 del Código Procesal
Penal, podrían existir elementos de prueba suficientes para sostener que los
imputados son con probabilidad autores o cómplices de una infracción y se
presume la existencia peligro de fuga.
“En el presente caso, no sólo se dan las circunstancias
previstas en la norma procesal citada, sino que por la gravedad de los hechos
atribuidos a los imputados, por las condiciones personales de éstos, por la
facilidad de trasladarse o desplazarse fuera del país, por la posición que han
ocupado en las instituciones públicas donde acontecieron los hechos, son
supuestos fácticos que hacen presumir que le servirán como herramientas útiles
para mantenerse ocultos”, señala el documento.
¿Quiénes pretenden
beneficiarse del acuerdo?
El 16 de marzo, el MP y Odebrecht suscribieron un Acuerdo
Reformulado, en el cual la empresa se compromete a cooperar con la
investigación, identificar a los funcionarios públicos sobornados y a colaborar
con el suministro de todo lo que sea requerido por las autoridades dominicanas
para esclarecer los hechos. Por su parte, Odebrecht logró la extinción penal de
la empresa, sus sucursales, subsidiarias, personas jurídicas de su grupo
económico, accionistas, directores, gerentes y empleados directos. En el
artículo 8 del referido acuerdo al único gerente que se excluye del beneficio
de la extinción penal es Ángel Rondón Rijo. Tomando en consideración esta
situación, posiblemente dos personas que están en el expediente podrían
aparecer como directivos de Odebrecht en RD y con ello pretenderían ampararse
en el acuerdo para evitar ser llevados a juicio.
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